El lunes, la Asociación Nacional del Rifle de Estados Unidos (NRA), junto con la Coalición de Política de Armas de Fuego, la Fundación Segunda Enmienda, la Asociación Estatal de Tiro de Colorado, el Centro de Tiro Magnum y un miembro de la NRA, presentaron una demanda contra el impuesto especial del 6,5 % de Colorado sobre la venta al por menor de armas de fuego, piezas precursoras de armas de fuego y munición.

El impuesto de Colorado entrará en vigor el 1 de abril de 2025. El impuesto se aplica a los vendedores, pero el importe se repercute a los habitantes de Colorado que respetan la ley cada vez que compran dichos artículos protegidos por la Constitución. La ley también impone a los vendedores onerosos requisitos de registro y mantenimiento de registros y los somete a duras sanciones en caso de infracción.

«El impuesto especial sobre las armas de fuego de Colorado es un ataque manifiesto a los derechos de la Segunda Enmienda de los ciudadanos de Colorado que respetan la ley y un intento deliberado de desalentar el ejercicio de las libertades protegidas por la Constitución», dijo John Commerford, director ejecutivo del Instituto de Acción Legislativa de la NRA (NRA-ILA). «Recientemente, los activistas contrarios a las armas en Colorado han estado adoptando el programa radical de control de armas de California para erosionar sistemáticamente los derechos de las armas en el estado. Nos complace unirnos a otros defensores de la Segunda Enmienda en esta demanda para proteger y defender el derecho fundamental a poseer y portar armas».

El Tribunal Supremo de los Estados Unidos reconoció hace mucho tiempo que el derecho a gravar es esencialmente un poder para destruir. Por lo tanto, el Tribunal ha sostenido en repetidas ocasiones que el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser objeto de una tributación especial. Pero la ley de Colorado hace precisamente eso, penalizar a los habitantes de Colorado por ejercer su derecho constitucional a poseer y portar armas a través de un esquema de infracción por impuestos.

Nuestra demanda argumenta que el impuesto viola la Segunda Enmienda. Buscamos un juicio declarativo que establezca que el impuesto es inconstitucional y una orden judicial permanente que prohíba su aplicación. El caso, Langston v. Humphreys, fue presentado en el Tribunal de Distrito del Condado de Denver.

La demanda presentada puede leerse aquí.