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BELLEVUE, WA - La Fundación de la Segunda Enmienda ha presentado hoy una demanda federal en California impugnando el periodo de espera de 10 días del estado para la compra de armas de fuego por motivos relacionados con la Segunda Enmienda.
La demanda se presentó ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de California. A SAF se han unido el Centro de Tiro del Condado Norte, el PAC de Propietarios de Armas del Condado de San Diego, la Fundación por los Derechos de las Armas de California, la Coalición por una Política de Armas de Fuego, PWGG LLP, John Phillips, Alisha Curtin, Dakota Adelphia, Michael Schwartz, Darin Prince y Claire Richards. Están representados por los abogados Bradley A. Benbrook y Stephen M. Duvernay del Benbrook Law Group de Sacramento. Los demandados son el fiscal general Rob Bonta y Allison Mendoza, directora de la Oficina de Armas de Fuego del Departamento de Justicia de California, en calidad de funcionarios. El caso se conoce como Richards contra Bonta.
"Un derecho retrasado es un derecho denegado", dijo el fundador y vicepresidente ejecutivo de SAF, Alan M. Gottlieb. "No hay nada en la Segunda Enmienda sobre esperar más de una semana para ejercer el derecho a poseer y portar armas. El periodo de espera de California relega la Segunda Enmienda al estatus de privilegio regulado por el gobierno, en conflicto directo con el Tribunal Supremo de EE.UU., que declaró en su sentencia Heller de 2008 que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase, sujeto a un conjunto de normas totalmente distinto al de las demás garantías de la Carta de Derechos."
El director ejecutivo de SAF, Adam Kraut, señaló que la restricción del periodo de espera del Estado Dorado "no es análoga a ninguna historia y tradición constitucionalmente relevantes de regulación de las armas de fuego."
"Donde esto se vuelve realmente tonto", observó Kraut, que es abogado en ejercicio, "es cuando la restricción del periodo de espera se aplica incluso a un comprador de armas que ya posee otras armas de fuego. Por no mencionar que quienes desean adquirir un arma de fuego para protegerse inmediatamente no pueden permitirse el lujo de esperar diez días. En resumen, el periodo de espera estatal de diez días debe ser declarado inconstitucional y prohibido, que es el objetivo de nuestra demanda. Pedimos al tribunal medidas cautelares y declarativas".
"Hay un aspecto de la Decimocuarta Enmienda en este caso", añadió Gottlieb. "El estado discrimina ampliamente a los ciudadanos medios al permitir exenciones a casi dos docenas de categorías de personas favorecidas que pueden tomar posesión de armas de fuego sin tener que soportar el retraso, lo que viola la cláusula de Igual Protección. Esperamos poner fin a esta práctica".
La Fundación Segunda Enmienda (www.saf.org) es el grupo de educación, investigación, publicación y acción legal exento de impuestos más grande y antiguo del país, centrado en el derecho y el patrimonio constitucionales a poseer y tener armas de fuego de forma privada. Fundada en 1974, la Fundación ha crecido hasta contar con más de 720.000 miembros y simpatizantes, y lleva a cabo numerosos programas diseñados para informar mejor al público sobre las consecuencias del control de armas.
Contacto: Alan Gottlieb (425) 454-7012