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NUEVA ORLEANS - La Coalición de Política de Armas de Fuego (FPC) y la Fundación de Acción de la FPC (FPCAF) emitieron la siguiente declaración con respecto a Estados Unidos contra George Peterson, un asunto penal que presenta una impugnación respaldada por la FPC a la regulación del gobierno de EE. UU. de los supresores a través de requisitos inconstitucionales de registro e impuestos. Los documentos clave del caso de Peterson se pueden consultar en firearmspolicy.org/peterson.
Antecedentes
En 1934, el Congreso promulgó la Ley Nacional de Armas de Fuego (NFA, por sus siglas en inglés) (26 U.S.C. § 5801, et seq.) que, entre otras cosas, regula los supresores de armas de fuego («silenciadores»), imponiendo requisitos de registro y pago de impuestos.
Según la ley federal, los términos «silenciador de arma de fuego» y «amortiguador de arma de fuego» significan «cualquier dispositivo para silenciar, amortiguar o disminuir el sonido de un arma de fuego portátil, incluida cualquier combinación de piezas, diseñado o rediseñado, y destinado a ser utilizado en el montaje o fabricación de un silenciador de arma de fuego o amortiguador de arma de fuego, y cualquier pieza destinada únicamente a ser utilizada en dicho montaje o fabricación». (18 U.S.C. § 921(a)(25).)
En 2022, el Gobierno de los Estados Unidos acusó penalmente al Sr. George Peterson, residente de Luisiana, de posesión de un silenciador de arma de fuego no registrado (es decir, un «silenciador») en violación de los artículos 5841, 5861(d) y 5871 del título 26 del Código de los Estados Unidos.
El Sr. Peterson ha sido y sigue siendo miembro de la FPC.
Como defensa afirmativa del cargo, el Sr. Peterson impugnó la constitucionalidad de la NFA con respecto a su regulación de los supresores por ser inconstitucional en virtud de la Segunda Enmienda.
En 2023, el Sr. Peterson se declaró culpable de forma condicional (de conformidad con la Regla 11(a)(2) de las Reglas Federales de Procedimiento Penal), reservándose el derecho a que el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito revisara la denegación por parte del tribunal de distrito de sus mociones para desestimar la acusación y suprimir pruebas.
En febrero de 2025, un panel de tres jueces del Quinto Circuito confirmó la denegación por parte del tribunal de distrito de la moción de desestimación del Sr. Peterson en una decisión terriblemente errónea y peligrosa.
Reconociendo el peligro que la decisión del panel representa para los derechos protegidos por la Segunda Enmienda, FPC acordó respaldar económicamente a un abogado de talla mundial para la apelación del Sr. Peterson. El Sr. Peterson ha contratado a los abogados David H. Thompson, Peter A. Patterson, William V. Bergstrom y Athanasia O. Livas de Cooper & Kirk, así como al presidente de la FPCAF, Cody J. Wisniewski, para solicitar al Quinto Circuito una nueva audiencia en pleno (toda la corte), una revocación de la decisión del panel y una decisión de que las regulaciones de registro e impuestos de la NFA son inconstitucionales con respecto a los supresores de armas de fuego.
A principios de este mes, el Sr. Peterson presentó su Petición de Revisión en Banc explicando por qué el panel de 3 jueces debe ser anulado y el caso reexaminado por el Quinto Circuito en pleno. Posteriormente, el Gobierno presentó su respuesta, argumentando que el Tribunal no debería reexaminar el caso porque un supresor no es un «arma» protegida por la Segunda Enmienda.
Este caso plantea directamente la cuestión de si los componentes de las armas de fuego son «armas» sujetas a la Segunda Enmienda, y es un caso de primera impresión en el Quinto Circuito.
Cualquier decisión en este caso tiene el potencial de impactar directamente en la regulación de los supresores bajo la NFA, así como en artículos como cargadores de munición, cañones, miras e incluso gatillos o percutores.
Lo que está en juego
Si se deja sin cambios, la decisión del panel podría tener el efecto extraordinario de permitir al Gobierno prohibir, por ejemplo, cargadores de munición, culatas ajustables, miras, soportes y otros elementos que promueven el uso seguro y eficaz de las armas de fuego, siempre y cuando el Gobierno pueda demostrar que el elemento en cuestión no es estrictamente «necesario» para el uso de un arma de fuego. Además, las violaciones de la NFA tienen una pena máxima de diez (10) años de prisión y/o una multa de hasta 10 000 dólares.
Cómo apoyar este caso
Próximos pasos
El Quinto Circuito consultará ahora a los jueces en activo del Circuito para decidir si se concede la petición del Sr. Peterson. Si se concede la petición, es probable que el asunto se vuelva a informar y a argumentar ante el Quinto Circuito en pleno. De lo contrario, el siguiente plazo del Sr. Peterson sería presentar una petición de auto de avocación ante el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, si así lo desea.
Extractos
Opinión del panel del Quinto Circuito, en *6: «Aunque un supresor puede resultar útil para lanzar o golpear a otra persona, esa utilidad no transforma un disipador de gas en un lanzador de balas. En cambio, estamos de acuerdo con el Décimo Circuito en que un supresor «es un accesorio de arma de fuego... no un arma». Cox, 906 F.3d en 1186.4 Y mientras que la posesión de armas de fuego en sí está cubierta por el texto de la Segunda Enmienda, la posesión de accesorios de armas de fuego no lo está. Id.»
Opinión del Panel del Quinto Circuito, en *7-*8: «El uso de un supresor, como hemos señalado anteriormente, no es necesario para el uso de un arma de fuego, por lo que no está protegido por el texto de la Segunda Enmienda. Por lo tanto, la Segunda Enmienda no se ve afectada por la normativa de la NFA, por lo que AFIRMAMOS la denegación por parte del tribunal de distrito de la moción de Peterson para desestimar».
Petición de reexamen en banc, en *7: «Si la Segunda Enmienda tiene algún significado, entonces un «arma» debe incluir no solo las armas de fuego completas, sino también las piezas que funcionan de manera integral con el arma de fuego. Por supuesto, el panel tenía razón en que un supresor, por sí solo, no es capaz de expulsar un proyectil. Véase Op. en 6. Pero ninguna parte de un arma de fuego puede, por sí misma, expulsar un proyectil o realizar cualquier lanzamiento o golpe. Un arma de fuego en funcionamiento es un conjunto de piezas componentes. Sin embargo, la regulación de otros componentes que apoyan el uso seguro y eficaz de un arma de fuego, como un cargador de munición, un cañón de rifle, un conjunto de miras, o incluso un gatillo o un percutor, regularía el uso de un arma de fuego. Véase, por ejemplo, Ass'n of N.J. Rifle & Pistol Clubs, Inc. v. Att'y Gen. N.J., 910 F.3d 106, 116 (3d Cir. 2018) (que sostiene que los cargadores son «armas»). Lo mismo ocurre aquí. La regulación de una pieza componente no es solo una regulación de esa pieza en abstracto o en el vacío. Es una regulación de la tenencia y el porte de las armas de fuego que funcionan con esa pieza componente».
Petición de reexamen en banc, en *9: «El texto llano de la Segunda Enmienda está implicado porque una regulación de los supresores no puede verse de forma aislada: en efecto, es una regulación de las armas de fuego suprimidas, que indiscutiblemente son armas. E incluso si no fuera así, los supresores al menos facilitan el ejercicio del derecho de la Segunda Enmienda. También por esta razón, fue un error sostener que los supresores no tienen derecho a protección constitucional».
Citas
El presidente de la FPC, Brandon Combs: «Según el precedente vinculante del Tribunal Supremo, los requisitos de registro e impuestos de la Ley Nacional de Armas de Fuego son inconstitucionales, y punto. La decisión del panel de tres jueces del Quinto Circuito en este caso es una opinión terriblemente defectuosa que, si se deja en pie, socavaría gravemente el alcance de la Segunda Enmienda y sus protecciones para las personas pacíficas y sus armas. El Quinto Circuito en pleno debe volver a escuchar este caso y emitir una decisión coherente con el texto de la Segunda Enmienda y la historia constitucionalmente relevante».
El presidente de la FPC Action Foundation, Cody J. Wisniewski: «La definición misma de «armas» está en juego en esta apelación vital y, con ella, la capacidad de millones de personas pacíficas para ejercer sus derechos naturales y protegidos constitucionalmente. Estamos orgullosos de representar al Sr. Peterson en este desafío crítico a la infracción inconstitucional e inmoral del gobierno federal».
Acerca de las organizaciones
Firearms Policy Coalition (firearmspolicy.org), una organización sin ánimo de lucro 501(c)4, existe para crear un mundo de máxima libertad humana, defender los derechos constitucionales, promover la libertad individual y restaurar la libertad. Trabajamos para lograr nuestros objetivos estratégicos a través de litigios, investigación, publicaciones académicas, informes amicus, acciones legislativas y regulatorias, activismo de base, educación, divulgación y otros programas. Nuestro programa FPC Law (FPCLaw.org) es la iniciativa de acción legal más importante del país, centrada en restaurar el derecho a poseer y portar armas en todo Estados Unidos. Las personas que quieran apoyar nuestro trabajo para eliminar las leyes inconstitucionales pueden unirse al FPC Grassroots Army en JoinFPC.org o hacer una donación en firearmspolicy.org/donate. Para más información sobre nuestras demandas y otras iniciativas a favor de la Segunda Enmienda, visita FPCLegal.org y sigue a FPC en Instagram, X (Twitter), Facebook y YouTube.
FPC Action Foundation (FPCActionFoundation.org), una organización sin ánimo de lucro 501(c)(3), existe para crear un mundo de máxima libertad humana a través de acciones legales caritativas, políticas públicas, educación y programas de investigación. Las personas que quieran apoyar este y otros casos pueden hacer una donación deducible de impuestos a FPC Action Foundation aquí.